La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cumple 14 años y en este día hará la nueva presentación del proyecto IVE. Recordemos que el año pasado, en su séptima presentación, logró conseguir que lo traten por primera vez en el Congreso de la Nación.
Luego de más de 700 expositores y expositoras hablaran a favor y en contra del proyecto de ley, la votación tuvo lugar el 13 de junio del año pasado y el 14, luego de una vigilia histórica, se consiguió la media sanción de la Cámara de Diputados.
En el paso al Senado se volvieron a hacer sesiones informativas y la votación final se hizo el 8 de agosto.
Después de una nueva vigilia, y enfrentandose a una Cámara históricamente más conservadora, el proyecto fue rechazado con 38 votos (poco más de la mitad).
Acto seguido el #SeguimosenCampaña inundó las redes y tras un proceso de construcción colectiva al interior de la campaña misma se llegó al nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, tras largos debates que se hicieron de forma federal y consensuada.
¿Qué cambios hay en el proyecto con respecto al año pasado?
Pero el nuevo proyecto tendrá modificaciones, a raíz de los extensos debates que se dieron a lo largo de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como también de observaciones que el mismo movimiento de mujeres hizo.
En ese sentido, se incluirá un capítulo especialmente dedicado a reafirmar la obligación del Estado en la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), así como también de proveer “asesorías para las mujeres o personas gestantes”, en donde se pueda realizar un debido acompañamiento.
Por otro lado, el nuevo proyecto también avanzará en enfatizar penas para las autoridades de instituciones médicas –públicas o privadas- que impidan un aborto legal, así como a su personal médico.
En este punto, se fijan penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena a la autoridad o profesional de un hospital o institución de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.
A su vez, eleva hasta 5 años la pena de prisión “si resultara la muerte de la mujer o persona gestante”.
También, el nuevo texto eliminará el punto de la posibilidad de abortar frente a la causal de “graves malformaciones fetales”, luego de que se escuchara atentamente la perspectiva de las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas discapacitadas.
Por último, también se detallará con mayor precisión las edades en donde la persona puede aplicarse un aborto. Según el nuevo proyecto, si se trata de una persona menor de 13 años, “se requerirá su consentimiento informado con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales”.
Por su parte, entre los 13 y los 16 “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”.
