El presidente Javier Milei ha propuesto reducir la edad de imputabilidad penal de los menores de 16 a 10 años, tras el asesinato de una niña de siete años a manos de adolescentes durante un robo de auto. La iniciativa ha generado un fuerte debate en la sociedad argentina y en el Congreso, con posturas encontradas sobre sus implicancias legales y sociales.
Desde el oficialismo, la medida es defendida como una respuesta firme contra la inseguridad y los delitos cometidos por menores. Según el gobierno, la reforma permitiría juzgar a los niños que cometan delitos graves, evitando la impunidad en casos de homicidio, robo agravado y otros crímenes violentos.
Por otro lado, organismos de derechos humanos y especialistas en infancia han rechazado la propuesta, argumentando que criminalizar a niños tan pequeños no soluciona el problema de fondo y que se deben priorizar políticas de contención social, educación y prevención del delito.
El debate en el Congreso será clave para definir el futuro de esta iniciativa, que podría marcar un cambio profundo en el sistema penal juvenil argentino.
